De acuerdo con la Asociación Nacional de Usuarios del Upac (Anupac), cada día se presentan 300 familias desalojadas de sus inmuebles por la mala aplicación de las normas de reliquidación.

Anupac es una organización de abogados que atiende a afectados por ese sistema de financiación tras la crisis que surgió a finales de los 90.

Señala que pese a la orden de la Corte Constitucional de que las reliquidaciones se debían realizar sin tener en cuenta la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac) ni la tasa DTF, los bancos no han cumplido esa exigencia legal.

Por el contrario, agrega, las entidades financieras reliquidan los créditos con corte al 31 de diciembre de 1999 en Upac y ese resultado lo convierten a UVR, cuando lo que deberían hacer es reliquidarlos directamente en UVR. Esa doble operación, en su concepto, genera saldos a favor del banco y golpea a los deudores.

Señala Anupac que cuando las instituciones financieras inician procesos contra los usuarios, los auxiliares de la justicia (peritos), dan cuenta del cobro exagerado de la obligación, pero a pesar de ello los jueces dan la razón a los bancos.

Varias irregularidades

Según las denuncias de los abogados de los usuarios del Upac, hay casos en los que, pese a pagar todas las cuotas pendientes de un crédito, a los deudores les llegan cuentas de cobro de aspectos que no habían sido pactados inicialmente con el banco.

Señala la organización que en el sistema UVR, que remplazó al Upac, se sigue cobrando capitalización de interés a pesar de haber sido proscrito por las sentencias de la Corte Constitucional.

Señala Anupac que las propuestas de pago de los deudores son muchas veces rechazadas por las entidades financieras “simplemente porque hay terceros interesados en los inmuebles o porque el usuario ha mostrado un buen comportamiento en su obligación y muy a pesar de la conveniencia de la misma llevan los inmuebles a remate”.

Agrega la organización que el reporte a las centrales de riesgo se convirtió en un mecanismo extrajudicial injusto, pues “condena a una familia a no tener derecho a ningún crédito por haber estado en mora por un cobro exagerado e indebido, violándose el derecho al buen nombre y libre desarrollo de la personalidad, aun a pesar de haber cancelado la mora aparente, sin haberse hecho este acto de mala fe”.

Cuidado con los seguros

Según Anupac, los seguros “se han convertido en un mecanismo de engaño” al deudor, pues se presentan fenómenos ‘aberrantes’.

Uno de ellos consiste en que las entidades financieras cobran en la cuota del crédito tarifas de seguros superiores a las que se conseguirían de manera independiente.

Otro fenómeno se presenta cuando dos personas toman un crédito (cónyuges, por ejemplo) y muere uno de ellos. En ese caso la aseguradora alega que el asegurado no es el fallecido y, por consiguiente, no paga. Lo que nunca cuenta es quién era el asegurado, pues al deudor no le dan copia de la póliza y, por consiguiente, no se saben las condiciones.

La banca responde

Las cifras de la organización de abogados de los usuarios de vivienda fueron de inmediato desmentidas por el sistema financiero a través de la Asociación Bancaria.

La presidenta de la Asociación Bancaria, María Mercedes Cuéllar, dijo que el problema hipotecario de hace 10 años “se ha venido solucionando y los problemas vigentes corresponden solo a personas que no han querido buscar arreglos con la banca y ha vivido en sus casas varios años gratis”.

Martha Lasprilla, vicepresidenta de ahorro y vivienda de la Asobancaria, dijo que en 1998 había unos 800.000 créditos hipotecarios en todo el país, los cuales fueron reliquidados bajo las condiciones que se fijaron por normas legales.

Las normas han sido declaradas exequibles y están vigentes, dice la directiva. Además, en el 2002 existían unos 123.000 procesos jurídicos y ahora solo hay 39.000. Señala que en el 1999, el 20 por ciento de la cartera hipotecaria estaba en mora y hoy solo el 2,5 por ciento de los crédito nuevos están vencidos.

Además, el 85 por ciento de los procesos los arreglan los deudores directamente con los bancos y dan por terminado el proceso judicial. Un 13 por ciento va a remate del inmueble y el 2 por ciento restante corresponde a daciones en pago.

Antes, en la época de la crisis, el 60 por ciento se arreglaba directamente entre banco y deudor, el 20 por ciento eran daciones en pago y otro 20 por ciento iba al remate del inmueble.

Fuente: El Tiempo – Colombia