Elevan el gravamen a los ingresos brutos para grandes industrias, comercios, bingos y constructoras.

LA PLATA.- La Legislatura de la provincia de Buenos Aires se aprestaba a aprobar al cierre de esta edición la ley de reforma tributaria, impulsada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que pretende incrementar la recaudación fiscal en $ 2200 millones anuales.

La norma plantea una simplificación sobre el impuesto a los ingresos brutos y un aumento de gravámenes a comercios e industrias.

Los diputados oficialistas, con el apoyo del radicalismo, lograron primero imponer la mayoría que domina esa cámara y algo similar ocurriría anoche en el Senado. La Coalición Cívica, el Pro, Recrear y Unión Celeste y Blanca fueron los bloques que votaron en contra de la norma, pero no alcanzaban a revertir la sanción de la reforma tributaria.

El proyecto original sufrió nuevas modificaciones. Una de ellas es que no tendrá tope el fondo de fortalecimiento municipal creado por esta ley para compensar la pérdida de ingresos de los municipios por tasas de abasto y publicidad (en el original había un techo de $ 250 millones).

Este punto fue cuestionado por algunos diputados al asegurar que el gobierno de Scioli pretende crear un nuevo fondo del conurbano. “Ha quedado demostrado en otros años, que este tipo de fondos especiales se terminan desvirtuando. Lo que el justicialismo está haciendo es dejando al arbitrio del gobierno el manejo discrecional de una masa de recursos y se terminarán repitiendo experiencias nefastas como la del Fondo de Reparación del Conurbano Bonaerense”, dijo el senador Luis Malagamba, de la Coalición Cívica.

Al proyecto oficial se le incorporaron a último momento un mayor aumento para la alícuota a los bingos y casas de juego, que pasará del 3,5% actual al 6%, y la alícuota en el sector de la construcción pasará de 2,5% a 3,5% en el caso de los contratos de obras con el estado provincial firmados previo a la sanción de esta ley. En tanto, se estableció la reducción del 3,5 al 1% para los servicios de recolección de residuos, una medida pedida por los intendentes del conurbano para aliviar sus gastos en este ítem que representa una buena parte de sus presupuestos.
Fondos frescos

En la mayoría de los cambios operados en el proyecto tuvo una importante intervención el vicegobernador Alberto Balestrini, el vicepresidente del Senado, Federico Scarabino, el senador Carlos Mosse y el jefe de la Cámara de Diputados, Horacio González, quienes intermediaron entre los legisladores y los funcionarios provinciales en febriles contactos durante toda la tarde.

Con la reforma impositiva, el gobierno bonaerense pretende contar con 900 millones de pesos extra hasta fin de año -se aplicaría a partir del 1° del mes próximo- y así aliviar las necesidades de financiamiento del fisco que alcanzan a $ 5000 millones. La reforma tribunaria pretende recaudar 2200 millones al año.

La norma también deroga el denominado impuesto a la riqueza y exceptúa del pago del inmobiliario urbano a los dueños de viviendas únicas (cerca de un millón de contribuyentes) con valuaciones inferiores a los $ 100.000, con lo que el gobierno dice que busca beneficiar a los sectores más pobres.

El “impuestazo”, tal como lo definió la oposición (ver recuadro), será a costa de subas de precios para el consumidor, según la advertencia de varias cámaras empresariales que también se opusieron a la medida. Es que dicen que el incremento de los impuestos será trasladado desde los sectores mayoristas hacia los comercios minoristas.

“La modificación bajo examen tendrá un impacto negativo sobre los procesos productivos”, reiteró ayer la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).
La norma

La reforma tributaria provincial apunta a eliminar las exenciones para la industria y aumentar la tasa al comercio.

En principio prevé gravar a unas 1300 grandes industrias que estaban exentas y que ahora deberán pagar el 1% de su facturación.

Y elevará la alícuota de 1500 comercios de mayor facturación, que pagan el 3% y deberán abonar el 4,5 por ciento.

El mayor impacto será sentido por las cerca de 50.000 empresas que venden sus productos en territorio bonaerense y los fabrican en otras provincias.

Se les elevará la tasa del 1,5% actual al 3%, equiparando lo que pagan las firmas provinciales para colocar sus ventas en otras jurisdicciones.

La iniciativa reduce de 17 a seis las alícuotas fijas -habrá otras seis especiales- que tiene el tributo, gravará con un 4% a las empresas dedicadas a la comercialización y cargará con un 6% a las que trabajan en la intermediación.

En tanto, el gobierno provincial accedió al reclamo de intendentes del Gran Buenos Aires que pidieron conformar un fondo extra de unos $ 200 millones para atender la problemática social.

Este fondo en un principio iba a estar incluido dentro de la ley de reforma.

Sin embargo, antes del debate parlamentario se acordó crear ese fondo mediante otra ley que se tratará después del receso invernal.

Por Jesús Cornejo
De la Corresponsalía La Plata

Fuente: La Nacion - Argentina

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