Una fiebre por adquirir vivienda de interés social se vivirá el próximo año en el país. Con un presupuesto para este renglón aprobado por el Congreso cercano a los 700.000 millones de pesos, diversos esfuerzos para ampliar el acceso a ellas por parte del Gobierno nacional, y los macroproyectos de vivienda, este será el año lleno de oportunidades para los más pobres.

Según la doctora María Isabel Silva Nigrinis, Presidenta Ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz Bogotá, “para hablar del comportamiento de la vivienda de interés social, para cualquier espacio de tiempo, hay que tener en cuenta que es un mercado que está directamente afectado por medidas gubernamentales que son esenciales para su desarrollo futuro.

Teniendo esto en mente, se debe saber que la política de subsidios y la optimización en su acceso son determinantes para la demanda de vivienda VIS.

De esta manera, en la medida que las metas del gobierno se obtengan, se verán mayores réplicas, tanto en el número de proyectos ejecutados, como en los niveles de ventas”.

En ese sentido, y frente a un déficit habitacional significativo en el país, hoy el gobierno está comprometido con la visión de la vivienda digna y a gran escala: los macroproyectos, grandes obras de urbanismo integrales con capacidad para ofrecer vivienda social de buena calidad y en gran escala con garantía de implantación de servicios sociales dentro del mismo entorno: educación (colegios y bibliotecas), salud (hospitales, centros médicos), recreación (parques, complejos deportivos, canchas), servicios públicos y transporte.

Según el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano Ramírez, los Macroproyectos “no solo generan vivienda digna para los pobres, bienestar para los niños y equidad para todos, sino que además garantizan la actuación integral del Estado conjuntamente con la participación del sector privado para la generación de suelo y construcción de vivienda. De esta manera se avanza hacia ciudades más justas para todos”.

Serán 214.000 familias las que gozarán de un techo digno en el país con 14 megaproyectos iniciales en todo el territorio nacional, sobre más de 4.200 hectáreas, que generarán un número significativo de empleos en cada región donde se implemente fruto del compromiso y trabajo del Gobierno, el Congreso, la Corte y los constructores de Colombia. Incluso dos proyectos se financian, total o parcialmente, con el dinero hallado en caletas incautadas al narcotráfico.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha hecho un cálculo estimado de aproximadamente cinco empleos por solución habitacional durante todo su proceso de construcción, que puede estar por el orden de 6 a 8 meses, lo que se constituye en un gran multiplicador de empleo.

Los macroproyectos, además de estar dotados con las baterías de educación, salud y espacios recreativos que requieren, serán proyectos que admiten estratos múltiples, pero el dinero del Estado -según Lozano- se va para los más pobres. Por eso, se podrá acceder al subsidio pleno que tendrán las viviendas de diferente valor, que hoy está en un rango de 10 millones de pesos, y la oportunidad para que la población desplazada aplique con subsidio pleno de 11’700.000 pesos.

“En momentos en los que la construcción de vivienda de estratos altos tendrá un crecimiento ajustado, la capacidad instalada del sector construcción en Colombia podrá volcarse hacia la vivienda de interés social. Este instrumento debe ser incorporado de manera permanente en la legislación colombiana, y por eso esperamos la pronta aprobación de la Ley de Techo Digno y Ciudades Justas en el Congreso”, argumentó el titular de la cartera de vivienda.

La primera etapa, que estará lista en tres años, cuenta con 73.500 viviendas y con una inversión que supera los 1,5 billones de pesos, avanza con recursos de la Nación, Administradores Municipales, Cajas de Compensación, Constructores y Sector Financiero.

Además, los Macroproyectos servirán para reubicar asentamientos en alto riesgo en los municipios, y también brindar la oferta para la población desplazada que no tenía una opción real de vivienda en el país.

Estos tienen una devoción por el entorno y por el verde. “Estamos trabajando en todos los procesos para estimular la optimización en el uso de energía y del agua, por lo que en los procesos licitatorios y en la selección de los contratistas, este es un elemento primordial a tener en cuenta, que deberá estar adaptado a la especificidad territorial en todo el país. Cada lote y cada región tendrá sus propias consideraciones”, agrega Lozano.

- PROCESO LIMPIO Según el Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano, se han generado grandes instrumentos de distinta escala en la política de vivienda, dentro de los cuales se encuentra la bolsa de esfuerzo territorial, en la que en las últimas convocatorias, más de 70 municipios presentaron sus proyectos, que han permitido la realización de 60 o 70 viviendas. El gobierno ha sido enfático en que este proceso, con tantos beneficios, debe estar blindado de los vicios burocráticos y del favorecimiento a personas diferentes a los más necesitados; por ello, según el ministro, se realiza un proceso cuidadoso de elegibilidad, que incluye un estudio detallado frente a la aptitud de los predios: que no sean inundables, no estén en zonas de riesgo o que tengan suelos adecuados, que no tengan demandas, y, además, se haga una canalización de los recursos transparentes para que no sean los ‘amigotes’ o familiares de los políticos sino los colombianos que sí necesitan la vivienda quienes lleguen a los macroproyectos.

Fuente: El Tiempo – Colombia