Los inmuebles que están ocupados por entidades como el Invima, el DAS y hasta el mismo sector del CAN, podrán ser objeto de reparación o construcción de edificaciones, por cuenta del sector privado.
Y es que esas, entre otras entidades, tienen una infraestructura física que no se adecua a sus necesidades operacionales ni a las del público que las frecuenta, a lo que se suma el hecho que el Estado tiene restricciones fiscales que le impiden destinar una buena cantidad de recursos a ese tipo de inversiones.
Lo anterior, a pesar de que en los últimos años ha logrado presupuestar para el mantenimiento de la infraestructura administrativa entre 110.000 millones y 140.000 millones de pesos.
Por eso, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) decidió abrirle la puerta al sector privado para que pueda encargarse de hacer esas adecuaciones, en el marco de un mecanismo que se denomina Asociación Público Privada (APP), algo así como una concesión. La idea es buscar tipos de financiación alternativa que permitan modernizar las sedes de Gobierno que así lo requieran.
Aunque ya es un hecho que se buscarán tipos de financiamiento alternativo, hay un plazo de seis meses para que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional determinen el mecanismo más adecuado para aplicar esa ‘asociación’, además de establecer cuándo es económicamente atractivo para el Estado acceder a los servicios de los privados para la reparación, adecuación o construcción de sedes.
Si bien no hay una decisión todavía, se habla de conceptos como leasing, compraventa, permuta, titularización, arriendo, el contrato de concesión y la asociación público-privada, en donde se menciona la posibilidad de que se le ‘cargue’ al usuario del servicio algún tipo de costo por éste.
“Es una relación público privada materializada en un contrato entre una organización pública y una compañía privada para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados en un contexto de largo plazo, financiados indistintamente a través de pagos diferidos en el tiempo por parte del Estado, de los usuarios o una combinación de ambas fuentes”, señala el documento Conpes 3615, que autoriza esa política.
Situación de esos bienes
De los casi 10.800 inmuebles que tienen las entidades del nivel central, de los cuales 222 son de uso propio de los organismos gubernamentales, 44 están catalogados de regular o malo estado de conservación.
Esas deficiencias en la infraestructura llevan a que se vean filas constantes, problemas de comodidad, salubridad e inadecuada ventilación.
Fuente: Portafolio – Colombia
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