En todo ordenamiento jurídico que se precie las normas y las leyes son hechas para ser aplicadas a todos por igual, establecer derechos y obligaciones y articular la convivencia social. Suponemos que en Venezuela donde el estado de derecho es tan cambiante debe seguir reinando la equidad ante la Ley, aunque hay hechos que demuestren lo contrario. Suponemos también que el gobierno nacional en su condición de garante de la legalidad debe ser el primero en respetarla.
En Guayana está ocurriendo una situación que está afectando a familias que volcaron sus sueños e ingresos en un proyecto para acceder al techo propio. Sorprende porque es el propio gobierno nacional el que violenta las leyes. CVG Ferrocasa, otrora motor del urbanismo guayanés, donde participan la Corporación Venezolana de Guayana, con el 80,70% de las acciones; el INAVI con el 0,19%, y Fondur, con el 19,11%, es una empresa que urbaniza, construye viviendas y edificios, además de administrar toda clase de inmuebles; es, en suma, toda una inmobiliaria en manos del gobierno nacional.
El proyecto para la Urbanización Campaña de Guayana, ubicada en la Av. Atlántico, en Puerto Ordaz, denominado anteriormente Guayana Country Club, fue concebido como un complejo habitacional para unas 700 soluciones entre casas, apartamentos y town houses, más áreas sociales. Inicialmente el proyecto lo manejaba el Consorcio 247 que lo conformaban CVG Ferrocasa y la Promotora Monte Linda. Sin embargo, se disolvió en diciembre 2005 y la primera se quedó con el manejo de todo el proyecto. El proceso de preventa de las casas se inició en el 2003, la construcción fue ofrecida para el 2005 pero culminó en el 2008, y hasta ahora no hay manera que sean entregadas las viviendas porque CVG Ferrocasa no respeta el precio inicial negociado y se niega a protocolizar los documentos de propiedad hasta pactar un nuevo contrato con aumentos que van desde el 100 al 150%.
Mientras el gobierno acorrala a los productores privados de viviendas con un marco legal arbitrario y el titular del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) amenaza con la intervención de unos 80 desarrollos donde según él los promotores han continuado aplicando el IPC, los agraviados de Campaña de Guayana no logran ser oídos ni sus demandas resueltas. ¿Será que la ley se aplica discrecionalmente? ¿Veremos al gobierno nacional interviniendo una institución dependiente de éste?
Ni siquiera los brazos sancionadores del aparataje oficial que actúan diligentemente cuando se trata de castigar a los privados han actuado en este caso que afecta a más de 400 familias que pusieron sus ahorros y esperanzas en la adquisición de su vivienda. Crece el desencanto en Guayana entre los adeptos del “proceso” y trabajadores del consorcio CVG, que constituyen la mayoría de los compradores que se sienten estafados y burlados en su buena fe. Han tocado las puertas del Instituto para Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, y del propio Mopvi, y no ha pasado nada. La única respuesta que han tenido hasta ahora es la imputación como invasores por la Fiscalía I de la II Circunscripción Judicial del Estado Bolívar cuando un grupo de familias, desesperadas, que claman justicia, ocuparon algunas viviendas.
Queda demostrado una vez más que el gobierno no tiene capacidad para producir viviendas en gran escala, y cuando acomete un desarrollo de importancia incumple sus obligaciones. Adicionalmente, recortó en 89% el presupuesto de vivienda para el 2010, sigue construyendo casas en el exterior, ahora en Haití y República Dominicana, y continúa hostigando a los promotores privados que tienen la experiencia y la infraestructura para masificar la producción ¡El techo propio es una utopía!
Gerardo Hernández Dávila
Fuente: Apuntes inmobiliarios
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